La Junta de Gobierno del CPESRM en su reunión del pasado 1 de febrero, ratificó la adhesión al manifiesto publicado por la EAPN Región de Murcia en el que se reclama una financiación de las políticas sociales destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social más estable que permita a las entidades poder desarrollar de manera más eficiente y eficaz el abordaje de las realidades complejas y duras que sufren miles de personas en la Región de Murcia.
Las políticas sociales de lucha contra la pobreza son responsabilidad de las administraciones públicas. Las administraciones públicas se deben a toda la ciudadanía por igual pero aquellas personas que experimentan pobreza, por lo que estas situaciones suponen de vulneración de derechos, precisan de un esfuerzo solidario y generoso.
Dicho esfuerzo exige un diagnóstico, planificación y evaluación adecuados. De esa manera, se asegura un desarrollo óptimo de los proyectos, una inversión eficiente de los recursos y la consecución de unos objetivos y resultados que contribuyan a la reducción del 34% de personas que, según la tasa AROPE, viven en riesgo de pobreza y exclusión en nuestra región.
Las entidades, y con ellas la lucha contra la pobreza y la exclusión, atraviesan un momento difícil. El pasado 2018 ha sido un año especialmente crítico pues, tras años de crisis, los cambios necesarios para dar estabilidad al sector no se han producido. Estas dificultades están bien identificadas. Enumeramos algunas:
- Incertidumbre, año tras año, sobre la continuidad de los programas debido a los plazos de las convocatorias de subvenciones y su resolución.
- Retraso en el pago de las mismas, teniendo que adelantar los gastos de los programas las propias entidades.
- Los trabajadores sufren retrasos importantes y habituales en sus salarios.
- Se soportan gastos reales provocados por la ejecución de servicios y programas de carácter público que no son cubiertos por el financiamiento destinado: bajas, maternidades, inversiones en equipamientos, locales…
Cuestionamos un modelo de financiación de las política sociales públicas totalmente inadecuado y basado en unas herramientas y subvenciones que han demostrado ser ineficaces y fuente de gran inestabilidad.
Ante estas dificultades, afirmamos:
- La continuidad o volumen de los proyectos desarrollados no pueden ir cambiando anualmente según los criterios que marquen las convocatorias de concurrencia competitiva en cada momento, obligando a que cada año los proyectos puedan atender a más o menos gente o que incluso se vean obligados a cerrar, dejando miles de procesos vitales cortados de manera aleatoria. Estamos hablando de la vivienda, la comida o la salud de muchas personas que no pueden verse interrumpidas. Estamos hablando de derechos.
- Las subvenciones anuales de concurrencia competitiva no pueden ser la base de la financiación de los programas que ofrecen una intervención directa con las personas más vulnerables en la Región de Murcia.
- Tan importante como asegurar la puesta en marcha de proyectos innovadores que abran la posibilidad a nuevas formas de luchar contra la pobreza lo es el asegurar la continuidad de aquellos proyectos que hayan constatado buenos resultados.
La colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones del Tercer Sector se ha revelado como un instrumento eficaz e imprescindible que debe consolidarse con todas las garantías de transparencia, profesionalidad, rendición de cuentas y evaluación, pero también asegurando la sostenibilidad de los actores implicados, los servicios y programas desarrollados y la seguridad de las organizaciones.
