El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Región de Murcia, entidad que integra a más de 600 personas colegiadas, muestra su estupefacción ante la incoherencia del discurso de las Consejerías de la Comunidad Autónoma, las cuales tras mostrar su apoyo al colectivo el pasado 12 de mayo en la Jornada "Educación social, Dignidad y Derechos", que se celebró en el marco del VIII Congreso de Educación Social, tan solo dos días después atenta contra puestos de trabajo cubiertos por profesionales de la Educación Social, que estaban realizando su labor en el SEF.
En mayo de 2016 hicieron un llamamiento desde Función Pública para convocar 8 plazas por programas de Técnicos en Intervención Social para que realizaran las funciones de Técnicos de Formación y Seguimiento de Acciones Formativas en el SEF. Funciones que habían sido externalizadas anteriormente a través de una empresa privada.
Las razones del cambio de política de contratación, según la Dirección Gral de SEF, eran las siguientes;
1ª.-Por un lado, las funciones de cuerpos de inspección, control y salvaguarda de las potestades públicas sólo se pueden realizar a través de personal funcionario o interino, y por tanto no las puede realizar empresas privadas, según R.D. Legislativo 5/2015 del 30 de octubre TRELEBEP art 9.2. Por tanto la Dir. Gral. de Función Pública no permitió a partir del 2015 al SEF que continuara con la subrogación de ese servicio.
2ª.-Por otro lado, los Técnicos de Intervención Social, al tener un claro perfil educativo, polivalente y unas competencias sociales inherentes a su profesión, les permiten contextualizar y adecuar sus intervenciones de seguimiento de los procesos formativos a la diversidad y singularidad de perfiles de alumnado que participan en las convocatorias de formación para el empleo; personas en situación de desempleo, parados de larga duración, vulnerabilidad social y riesgo de exclusión, violencia y desigualdad de género, personas con diversidad funcional y enfermedad mental, personas inmigrantes con un bajo nivel de conocimiento del castellano, jóvenes sin estudios e inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil,..
De esta manera, según los entonces Subdirector de Formación y Jefe de Servicio de Seguimiento, los Educadores Sociales se convocaron a estas funciones para dotar de un sentido más social y pedagógico todas las intervenciones de control y acompañamiento del SEF a las entidades de formación así como a los usuarios y alumnos de éstas.
Tal ha sido el éxito de este cuerpo dentro de los programas de formación ocupacional, que la misma Subdirección, solicitó a Función Pública 8 plazas adicionales en el inicio de un nuevo programa en mayo de 2019, pasando a un total de 16 puestos de trabajo de Educadores/as Sociales en la plantillas del Servicio de Seguimiento, Ejecución y Evaluación de Acciones Formativas.
En mayo de 2022, finaliza el último programa y, pese al informe de necesidades del servicio del Jefe de Servicio actual en donde pide a la Dirección General del SEF, la contratación de 15 Educadores Sociales para realizar las funciones de seguimiento, control y acompañamiento de las acciones formativas, encontramos con que, ni la Directora General ha solicitado nuevos programas para la Subdirección de Formación, ni los Educadores Sociales, según sus propias declaraciones, está previsto que vuelvan a realizar estas funciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, hemos solicitado aclaración de por qué han decidido no contar a partir de ahora con los profesionales de la Educación Social, cuando han demostrado en estos 6 años que son los profesionales mejor cualificados para abordar la complejidad social intrínseca a los procesos de formación ocupacional e inserción laboral, provocando de este modo a las entidades colaboradoras de formación, al colectivo de alumnos, al de Educadores Sociales, como al propio Servicio de Seguimiento, notables perjuicios por esta incomprensible decisión.
