El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, formado por el CPESRM y resto de colegios oficiales de Educadoras y Educadores Sociales del estado, ejercerá el Derecho de Petición recogido en el Artículo 29 de la Constitución, para que sus funciones no sean usurpadas ya que el coordinador o coordinadora de bienestar y protección definido por la ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia es claramente un educador/a social.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en su primer acto legislativo dirigido a la infancia, deja de lado a las y los educadores sociales en la tramitación de 2 leyes que afectan a la infancia en riesgo de exclusión social.
El desarollo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia excluye a la Educación Social en competencias socioeducativas que son propias. De esta forma, crea la figura del delegada o delegado de bienestar y protección, atribuyéndole funciones propias de las y los educadores sociales en el sistema educativo.
Frente a cuestiones tan importantes como el acoso escolar, el ciberacoso, el maltrato y la explotación infantil, la violencia sexual, la ley debe garantizar una acción socioeducativa desarrolla por expertas/os y especialistas cualificados en acción socioeducativa.
Por todo ello, desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, instamos al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados a la consideración de la inclusión de educadoras y educadores sociales en todos los centros educativos, asignándoles, entre otras, la función de coordinador/a de bienestar y protección descritas en el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, así como a su inclusión de educadoras y educadores sociales en los centros educativos dentro de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). De esta forma, se permite el desarrollo de un sistema educativo que garantice la protección y el desarrollo integral de la infancia a través del sistema educativo como pilar básico del Estado de Bienestar.
