Orden SSI/1270/2017, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión».
La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, crea con la denominación de Real Patronato sobre Discapacidad, un organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyos fines principales son la realización de acciones coordinadas para la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad, así como de su desarrollo personal, consideración social y mejora de la prevención de las discapacidades y la promoción de políticas, estrategias, planes y programas sobre la discapacidad.
El artículo 5 del Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, aprobado mediante el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, establece que Su Majestad La Reina ostenta la Presidencia de Honor del Consejo de este organismo. La denominación de estas ayudas como «Programa Reina Letizia para la Inclusión» quiere visibilizar el alto padrinazgo que Su Majestad La Reina Letizia ejerce en el Real Patronato sobre Discapacidad.
En consonancia con sus fines, el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que los saldos y depósitos abandonados se destinarán a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad en la forma prevista en su disposición adicional vigésima sexta. Dicha disposición señala que «la Administración General del Estado desarrollará a través del Real Patronato sobre Discapacidad un programa dirigido a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación y la investigación aplicadas a estas políticas, a través de ayudas directas a los beneficiarios».
Las presentes bases reguladoras se establecen con objeto de procurar un modelo eficiente de gestión que cubra las necesidades individuales en todo el territorio nacional, todo ello en consonancia con los principios de buena regulación de las Administraciones Públicas que establece el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
