El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, entidad que aglutina al CPESRM y resto de Colegio Oficiales de Educación Social del Estado, con motivo del Día mundial de las Personas Refugiadas ha publicado el siguiente manifiesto:
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 55/76 en la que declaraba el 20 de Junio DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS, haciéndolo coincidir con el Aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Desde el año 2000 y como consecuencia de las políticas europeas de blindaje de sus fronteras, decenas de miles de personas han perdido la vida intentando cruzar el Mar Mediterráneo convirtiéndolo en un inmenso cementerio. Los Estados miembros de la Unión Europea, ajenos a la búsqueda de soluciones, han seguido restringiendo el acceso de las personas hasta cerrar las fronteras y convertir el continente en una gran fortaleza. Las pocas personas que consiguen llegar, y traspasar las fronteras, lo hacen tras un largo y difícil camino, poniendo en riesgo su integridad y su vida y, en la mayoría de los casos, a través de redes establecidas para el tráfico ilegal de personas, para que, una vez dentro de los países de acogida, sigan corriendo el riesgo de internamiento, exclusión social y/o expulsión. Las continúas medidas implantadas, con el objetivo de frenar la inmigración, no resolverán la situación y las personas seguirán llegando porque los motivos que las empujan a huir de sus lugares de origen son más poderosos que los muros construidos para disuadirlas. En 2015 el Estado español se comprometió a recibir 10.772 personas refugiadas en un plazo de dos años y, a pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentran estas personas, el compromiso se sigue incumpliendo por lo que el Gobierno español, junto a otros Estados europeos, vulneran sistemáticamente el Derecho Internacional y los compromisos adquiridos en la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), entre otros. Ante esta situación el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES):
Solicita al Estado español y a todos los Estados miembros de la Unión Europea que se garanticen vías de acceso a la protección internacional, legales y seguras, en países de origen y de tránsito, de acuerdo con el derecho a la libre circulación de las personas, tal como queda recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Insta a los Gobiernos a fomentar la cultura de la paz y a trabajar para erradicar las causas que originan la injusticia, la violencia estructural, la guerra y la vulneración de los derechos humanos y que son la base de los movimientos forzados o no deseados de población.
Denuncia las dificultades, el bloqueo y la expulsión, por parte de algunos gobiernos europeos, de las ONG que participan en el salvamento, la acogida y el acompañamiento de las personas refugiadas y solicita que les dejen trabajar con libertad en operaciones de búsqueda y rescate de personas migrantes.
Solicita que se garantice la inclusión de las personas inmigradas junto a un desarrollo social y educativo digno, así como el compromiso para aplicar medidas contra el racismo y la xenofobia.
El CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES se compromete a apoyar y colaborar con las entidades y redes de entidades que trabajan en la acogida de personas inmigradas y al servicio de las que solicitan asilo.
Junio de 2018
