Desde el Colegio Oficial de la Educación Social de la Región de Murcia, junto con el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco y el resto de entidades que integran el CGCEES, queremos manifestar nuestro más firme rechazo ante la agresión sufrida por una educadora Social del IFAS en el desempeño de su labor.
Estos hechos, absolutamente inadmisibles, no pueden ser normalizados ni aceptados bajo ninguna circunstancia. La violencia nunca debe formar parte del ejercicio profesional. Nos solidarizamos con todas las compañeras afectadas, sus familias, entornos cercanos y equipos profesionales. ¡Estamos con vosotras!
Lamentablemente, esta agresión es la expresión más grave de un contexto estructural de precariedad, desprotección y falta de reconocimiento hacia quienes trabajamos en la intervención social, una profesión altamente feminizada, históricamente desvalorizada y sistemáticamente invisibilizada.
A pesar de que en algunos entornos donde desarrollamos nuestra labor —hogares, pisos tutelados, centros de intervención— existen protocolos y condiciones que protegen tanto a personas profesionales, como a las personas que acompañamos, desgraciadamente, no siempre tenemos la misma suerte, encontrándonos con espacios inseguros y sin recursos adecuados. La falta de personal, de medios técnicos y materiales, de protocolos eficaces, y de condiciones laborales dignas compromete no solo nuestra seguridad, sino también la calidad de la atención que reciben las personas usuarias.
Por todo ello, exigimos a las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones forales, gobiernos autonómicos y estatales), así como a las entidades gestoras de servicios sociales:
RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN REAL DE NUESTRA PROFESIÓN, mediante medidas concretas que visibilicen nuestro trabajo.
- Compromiso firme con el carácter público del sistema de servicios sociales, evitando procesos de externalización que agravan la precariedad y debilitan la red de atención.
- Recursos suficientes y estables para garantizar un servicio público de calidad, que respete los derechos de las personas usuarias y promueva la justicia social, asegurando su acceso a servicios adecuados y dignos, que protejan su bienestar y su derecho a recibir una atención de calidad.
- Recursos humanos suficientes y adecuados, incluyendo la implementación de la pareja educativa en todo momento, así como la actualización de ratios.
- Condiciones laborales seguras, con protocolos eficaces ante situaciones de riesgo y agresión.
- Formación específica para la prevención y manejo de situaciones conflictivas, así como el cuidado psicosocial de los equipos profesionales.
- Evaluación rigurosa de los perfiles atendidos y de los riesgos laborales, especialmente en recursos con alta complejidad.
Reafirmamos nuestro compromiso con una intervención social de calidad, basada en los derechos humanos, el bienestar colectivo y la justicia social. Continuaremos alzando la voz y exigiendo cambios estructurales que garanticen nuestro derecho y el de las personas que acompañamos a trabajar a ser atendidos con seguridad, respeto y dignidad.
Por nuestras compañeras y compañeros. Por todas las personas a las que acompañamos cada día y por la profesión.
