Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid (CPEESM), expresamos nuestra más firme condena ante la agresión sexual perpetrada contra una niña de 14 años en Hortaleza. Estos hechos son absolutamente intolerables y refuerzan la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y atención frente a la violencia machista en todos los ámbitos sociales.
La violencia sexual es una realidad estructural y transversal: no distingue edad, condición o procedencia. Las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables. En 2022, el Ministerio del Interior registró 18731 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 8337 (el 44,5 %) tenían como víctimas a menores de 18 años. Estos datos evidencian la magnitud de un problema que requiere respuestas globales, sociales y profesionales.
La agresión contra una menor de 14 años es una forma brutal de violencia machista. Se trata de una violación de derechos, dignidad y confianza que no puede ni debe ser usada como justificación para discursos del odio ni para la criminalización colectiva. Condenamos con rotundidad cualquier manipulación política basada en el sufrimiento de las víctimas, así como los bulos y la exacerbación del racismo o la xenofobia que algunos actores intentan propiciar desde posiciones oportunistas.
A ello se suman hechos igualmente graves: pasada la medianoche tras conocerse la agresión, un grupo de encapuchados asaltó y golpeó a varios niños migrantes no acompañados, residentes del centro de primera acogida en Hortaleza, provocando que uno de ellos tuviera que ser trasladado al hospital. Este tipo de violencia no puede tolerarse: se trata ya de delitos de odio que requieren una respuesta institucional firme.
La violencia sexual, especialmente contra menores, no atiende a fronteras ni perfiles cerrados: ocurre en todos los entornos, edades y orígenes. Por ello, consideramos imprescindible:
- Reforzar la educación afectivo-sexual y digital, dirigida a niños, niñas y adolescentes, familias y profesionales, tal como reclama la Plataforma de Infancia, para afrontar esta realidad sin criminalizar a la juventud.
- Garantizar canales claros, accesibles y seguros de denuncia, acompañados de profesionales formados que aseguren un entorno de confianza para las víctimas.
- Incrementar los recursos especializados en los centros de protección a la infancia, reducir los ratios de atención y reconocer plenamente a las educadoras y educadores sociales como figuras clave en dichos espacios.
No podemos permitir que hechos concretos se conviertan en pretexto para estigmatizar a colectivos enteros. La mayoría de los niños y niñas migrantes solos/as no son conflictivos: merecen oportunidades, acompañamiento profesional y respeto. Generalizar solo obstaculiza su inclusión y perjudica el trabajo socioeducativo que tanto se necesita.
Desde el CPEESM nos ofrecemos como aliados de la Comunidad de Madrid para reforzar el sistema de protección a la infancia. Ponemos a disposición nuestra experiencia y conocimiento en educación social para diseñar y ejecutar políticas claras, efectivas y responsables, que garanticen la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de todos los menores.
Reafirmamos nuestro respaldo a las educadoras y educadores sociales que intervienen en situaciones de vulnerabilidad. Su labor se fundamenta en la ética y el profesionalismo, y es esencial para proteger, acompañar y empoderar a los menores. La educación social debe ser reconocida y valorada como elemento clave en la prevención de toda forma de violencia.
Nos comprometemos a seguir trabajando sin descanso para defender los derechos de la infancia y la juventud, con la convicción de que una sociedad libre de violencia, injusticia y odio es posible.
CPEESM
