El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, integrado por el COESRM junto con el resto de colegios oficiales de Educación Social, y el Colegio Profesional de Educadores/as Sociales de Extremadura, condenan enérgicamente los hechos sucedidos en Badajoz, donde una profesional de la intervención social ha perdido la vida en un piso para el cumplimento de medidas judiciales presuntamente a manos de tres menores y denuncian la gravedad de lo sucedido.
Ambas instituciones expresan sus más sinceras condolencias a los familiares, compañeros/as y allegados/as de la compañera fallecida en el ejercicio de sus funciones laborales.
El CGCEES destaca la falta de medios técnicos y económicos que evidencian la desprotección de los y las profesionales de la intervención social, mermando por ende los derechos de las personas destinatarias de los servicios públicos. La externalización constante de estos servicios afecta negativamente la calidad de la atención brindada y pone en peligro tanto a los y las profesionales como a quienes reciben su apoyo.
Esta lamentable tragedia podría haberse evitado si las administraciones públicas otorgaran la debida consideración a la labor de quienes nos dedicamos a la intervención social con personas en riesgo.
Es crucial dignificar a todas y cada una de las compañeras y compañeros que diariamente ponen su cuerpo e integridad en el ejercicio de su trabajo.
El CGCEES insta a todas las administraciones públicas y a las empresas gestoras de servicios públicos a que tomen medidas inmediatas, proporcionando los recursos materiales y técnicos necesarios para evitar que actos así se repitan. Cada muerte en estas circunstancias representa un fracaso del sistema que debe ser corregido inmediatamente.
Este trágico suceso pone de manifiesto, una vez más, la urgencia de mejorar las condiciones laborales y de seguridad en el sector, garantizando entornos de trabajo dignos y seguros para todas/los las/los profesionales.
El CGCEES apela a nuestro Código Deontológico, recordando que nuestra profesión se sustenta en el respeto por los Derechos Humanos y en la promoción de la dignidad de todas las personas. La educación social es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, y requiere del compromiso firme de las instituciones para garantizar su adecuado ejercicio, así como la protección efectiva de sus profesionales.
Asimismo, instamos a las autoridades públicas a cumplir de manera estricta la normativa autonómica y estatal vigente en materia de protección social, derechos laborales y seguridad en los entornos de trabajo. La falta de aplicación efectiva de estas normativas agrava la situación de vulnerabilidad de los profesionales y pone en riesgo la calidad de los servicios prestados.
Reafirmamos nuestra determinación en la lucha por condiciones laborales justas y seguras para todas las personas profesionales, exigiendo a las administraciones que tomen medidas concretas para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.
10 de marzo del 2025
